Producto de un trabajo conjunto entre el gobierno y las comunidades educativas de las 42 escuelas técnicas y agrotécnicas de Entre Ríos, durante 2009 se recibieron a través del Instituto Nacional de Educación Técnica (Inet) 17 millones de pesos destinados al mejoramiento de infraestructura y equipamiento. En lo que va de 2010 se han desembolsado 1,4 millones de pesos de un partida de 28 millones.Según un informe que publicó recientemente el diario La Nación, la provincia de Entre Ríos junto a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, lideran la inversión pública en esta materia. “La educación técnica sufrió durante varias décadas un deterioro muy grande”, explicó el director de Educación Técnica y Profesional del gobierno entrerriano, Javier José. A continuación manifestó que “a partir de una visión política distinta respecto de una perspectiva de país diferente y escuchando las muchas voces que declamaban la necesidad de fortalecer este tipo de formación dentro de los sistemas educativos, se ha iniciado la recuperación de esta modalidad”.
En relación con la articulación existente entre las empresas locales y las 42 unidades educativas de formación técnica y agrotécnica, José resaltó que “eso se está dando cada vez con una mayor intensidad. La industria demanda profesionales calificados y la forma de acceder a ellos es acercándose a las escuelas técnicas, ver qué tipo de perfiles están desarrollando y trabajar en conjunto. Las escuelas técnicas también hacen este procedimiento, ven cuáles son las demandas que la industria está generando y tratan de adecuar en determinados puntos sus planes de estudios o sus contenidos para satisfacer esas demandas”.
Fondo específico
En el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058) se establece un fondo específico constituido con 0,2 por ciento de las rentas generales del Estado nacional. Ese dinero puede destinarse a la compra y mantenimiento de equipos e insumos, el desarrollo de proyectos institucionales y el acondicionamiento de la infraestructura necesaria. Por este motivo, a diferencia del plan de inclusión digital que se financia con recursos de Anses, las netbooks para las escuelas técnicas y agrotécnicas surgen de este fondo.
Según el informe del diario La Nación, esto significa un avance, teniendo en cuenta la desinversión que sufrieran las escuelas técnicas durante muchos años. En tanto, los datos brindados por el Consejo General de Educación (CGE) confirman esta idea, ya que desde el año 2006 al segundo trimestre de 2009 se aprobaron 1.170 planes de mejora propuestos por 345 escuelas técnicas agropecuarias, por un monto de 131,6 millones de pesos. Por este concepto, nuestra provincia cuenta para el año 2010 con una partida de 28 millones de pesos aproximadamente.
El producto de una buena gestión
Para explicar el hecho de que Entre Ríos es una de las provincias líderes en materia de inversión pública en las escuelas técnicas y agrotécnicas, José manifiesta que “esto tiene que ver con el trabajo que se hace en cada una de las jurisdicciones para dotar a cada una de las unidades educativas del equipamiento requerido y de esta forma brindar las herramientas necesarias para la formación en cada una de las especialidades técnicas”.
“Esto lleva y moviliza a todas las escuelas a trabajar permanentemente en las necesidades existentes, realizando proyectos de planes de mejora. De esta forma, se permite que esas escuelas accedan a equipamientos, insumos y acondicionamientos edilicios para los lugares a donde van a ir los equipamientos que se piden”, añadió el titular del área.
Teniendo en cuenta que la inversión se realiza en función de la demanda que surge de los proyectos, una buena gestión en la realización de los mismos se vuelve de vital importancia. Según precisa “cada jurisdicción trabaja con su ritmo y con sus necesidades. Si hacemos una comparación, nosotros estamos bien posicionados porque a partir de esta gestión le hemos dado un impulso muy grande al trabajo dentro de las escuelas técnicas”.
Trabajo en equipo
También “hay que decir que las comunidades educativas nos han acompañado con un gran compromiso en la elaboración de los proyectos” afirma el funcionario provincial. “Si hablamos de los montos invertidos y a invertir hay que tener en cuenta que Entre Ríos tiene solo 42 escuelas de este tipo, mientras que Buenos Aires por ejemplo tiene 282.”
Además, “el hecho mismo de tener un lugar específico donde poder trabajar, donde poder desempeñar la tarea de la modalidad, facilitó la tarea con equipos dentro de cada una de las escuelas”, aseguró José, agregando que “se recorren permanentemente las escuelas para ver cuáles son las necesidades y acompañar los proyectos que se requieran formalizar”.
Orientación agroindustrial
En el marco de la impronta que el gobierno entrerriano quiere darle a provincia como polo agroindustrial y teniendo en cuenta la importancia del sector agropecuario en la actividad económica, el titular de enseñanza Técnica y Profesional explicita que “todas las escuelas están involucradas en este aspecto, aún hasta las ofertas que hacen a una particularidad, a una especificidad muy puntual como puede ser la del soldador, que tiene que ver con los centros de formación profesional, todos están involucrados”.
“Esto quiere decir que un centro de formación profesional también accede a planes de mejora para equiparse”, aseveró el funcionario. “Tal es así que nosotros trabajamos en forma articulada con las direcciones de Jóvenes y Adultos, que tienen gran cantidad de cursos de formación profesional y de Gestión Privada, que también tiene centros de capacitación laboral y escuelas con algún programa de formación, como puede ser una escuela especial. Esto nos moviliza para tener estructuras equipadas de acuerdo a la oferta que se está brindando”.
Inserción laboral
Si bien este es un trabajo que lleva su tiempo y las escuelas técnicas se están rearmando después de un largo período, “esto requiere de parte de las organizaciones un ejercicio inmediato”, manifiesta José, ya que “la producción tiene un ritmo mucho más acelerado que la educación. Generalmente en las localidades del interior donde las escuelas están muy fuertemente insertadas en el desarrollo social, existe una articulación que permite diferenciar claramente las demandas. Así, se toman los requerimientos que las industrias o los pequeños emprendimientos de cada localidad están haciendo y se convierten sus actividades en soluciones”.
Una PC por alumno
Al ser consultado por la entrega de computadoras personales, netbooks, a los alumnos y profesores de los ciclos superiores (4º a 7º) de estas escuelas, el funcionario provincial señaló que “la determinación responde a un proyecto pedagógico. Por eso son las primeras que incorporan este tipo de material desde el punto de vista de la tecnología y la enseñanza”. En este sentido, la Mesa Federal de Educación Técnica está analizando la situación de los chicos que recién ingresan a estas escuelas y la eventualidad de ampliar los alcances de la entrega de computadoras.
Esta partida corresponde al programa “Una computadora para cada alumno”, sin tener en cuenta las que vendrán para el resto de las escuelas secundarias a través del Plan de Inclusión Digital.
Control de los fondos
Para comprobar el destino de los fondos, asesorar en la ejecución de los proyectos y evaluar el impacto del cambio generado por la Ley de Educación técnico-profesional se creó en el Instituto Nacional de Educación Técnica (Inet) una Unidad de Seguimiento de ejecución de Planes.
Desde la normativa vigente también se valora un mayor contacto entre el sector productivo y las escuelas para asegurar oportunidades de práctica y análisis de situaciones reales de trabajo.
Ley de educación técnica
La sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058) propone la mejora continua de la calidad a través de instrumentos como la homologación de títulos y certificaciones, un catálogo nacional de títulos y certificaciones y el registro federal de instituciones de educación técnico profesional. Permite a su vez el mejoramiento en la calidad de los profesionales del agro formándolos desde la escuela secundaria.
Estos instrumentos apuntan a superar la desigualdad en la formación de los alumnos, asegurar un mínimo común de contenidos y prácticas e impulsar la autoevaluación institucional y un trabajo sostenido hacia la calidad de gestión y los resultados. Estas prácticas resultarán condición para acceder al financiamiento de acciones de mejora.
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