Por José Antonio Artusi- En Entre Ríos, como en el resto del país, el déficit de vivienda configura un grave problema, que muestra con contundencia la enorme brecha que existe entre la enunciación de algunos derechos de raigambre constitucional y su goce efectivo en la realidad cotidiana.
Buena parte de las angustias cotidianas de millones de compatriotas se desprenden de la circunstancia de no contar con la posibilidad cierta de acceder a una vivienda digna y adecuada. Viviendas mal localizadas, por lo general distantes de los centros urbanos, segregadas en verdaderos ghettos urbanos o suburbanos, con cobertura insuficiente de servicios públicos, sin adecuados equipamientos urbanos y espacios verdes, rodeadas de espacios públicos degradados e inseguros; son una realidad incontrastable que sufren a diario miles de personas en muchas de nuestras ciudades. Esto, cuando el Estado ha logrado al menos brindar lo que ampulosamente se exhibe como “solución habitacional”. En muchos otros casos, ni siquiera se accede a eso, y lo que aparece son asentamientos irregulares en terrenos fiscales, villas de emergencia, ocupaciones informales, construcciones precarias hechas por los propios pobladores, etc.. La inseguridad en la tenencia, la falta generalizada de una política integral de vivienda, y la cristalización de un patrón inequitativo de distribución de la riqueza, con vastos sectores de la población sumergidos en la pobreza o en la indigencia de manera estructural, impide que estas aproximaciones espontáneas a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda arrojen resultados demasiado alentadores, y configuran por lo general intentos desesperados por encontrar al menos “un lugar donde vivir”. Aún así, no se puede dejar de reconocer que sin estos esfuerzos espontáneos de los sectores marginales urbanos la crisis de la vivienda adquiriría dimensiones mucho mayores.
Tuve el honor de colaborar en su momento con el bloque de convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical, y propuse en relación a este tema un anteproyecto que varios convencionales radicales hicieron suyo y presentaron como proyecto de reforma. La redacción del artículo a incluir era la siguiente: "Quedan garantizados en la Provincia para todos sus habitantes los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivos estos derechos, planificando y regulando la utilización del suelo y promoviendo el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación y con miras al uso racional y equitativo del territorio y los recursos naturales. La comunidad participará en las plusvalías que genere la inversión de los entes estatales en obras de infraestructura de servicios públicos y equipamiento comunitario". El proyecto fue tratado junto con otros que se referían a la vivienda, y finalmente surgió un texto que dió origen al actual artículo 25 de la Constitución provincial, que establece textualmente: "El Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados". Como se puede apreciar, algunos conceptos quedaron, lamentablemente, en el camino, pero se consolidaron otros. No se pudo incorporar la mención a la obligación del Estado de la regulación del uso del suelo y el ordenamiento territorial ni la participaciónde la comunidad en las plusvalías o rentas extraordinarias que se generan en inmuebles de privados por efecto de las inversiones públicas, inspirado en la Constitución de España, entre otros textos constitucionales. Pero debe reconocerse que son positivas las incorporaciones de la prioridad a otorgar a los sectores de menores recursos y la concertación de políticas de vivienda entre la provincia, los municipios y las comunas.
En nuestra provincia, lamentablemente, las disposiciones constitucionales distan de tener un reflejo coherente en las políticas públicas. El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda se limita a administrar los planes del FONAVI y los planes federales del gobierno nacional; y difícilmente pueda asegurarse que el "Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna", y mucho menos que las políticas tienen un sesgo "en especial destinado a los sectores de menores recursos". Un grave problema es la generalizada falta de coordinación y articulación entre los municipios y la provincia, y por lo general - con honrosas excepciones que confirman la regla - los municipios no implementan políticas de gestión del suelo, por lo que carecen de bancos de tierra que permitan alojar los nuevos conjuntos de vivienda en áreas adecuadas, de acuerdo a un proceso racional de planificación del desarrollo urbano. Las consecuencias están a la vista: conjuntos de vivienda cada vez más alejados, en tierras baratas pero muchas veces inadecuadas desde el punto de vista ambiental, en zonas prácticamente rurales, sin suficiente infraestructura y equipamiento. Esto refuerza una tendencia a la expansión urbana, con patrones de baja densidad, que encarecen cada vez más el tendido de redes de servicios públicos, que a su vez se transforma en un problema cada vez más acuciante para municipios desfinanciados. Se configura de esta manera un círculo vicioso, frente al que no se responde con políticas adecuadas. Por otro lado, los sectores más marginados de la sociedad, ante la falta de respuestas desde el Estado, optan por realizar asentamientos informales en tierras públicas o privadas, buscando condiciones mínimas de accesibilidad y centralidad.
Urge encontrar políticas adecuadas para enfrentar con racionalidad y equidad estos dilemas. Ni el crecimiento económico ni el mercado resolverán mágicamente el problema de la vivienda. Se necesita una acción articulada de todos los niveles del Estado, desde la Nación hasta los municipios. A nivel nacional es imprescindible contar con una ley marco de ordenamiento territorial y uso del suelo, y también es necesario tener una legislación de ese tipo a nivel provincial. Estamos abocados a la redacción de una propuesta en ese sentido. Por otra parte, es necesario que el gobierno nacional refuerce el programa FONAVI con sentido federal, y deje de lado la discrecionalidad arbitraria de los programas federales. A nivel provincial, es menester articular esfuerzos entre la provincia y los gobiernos locales, como manda la Constitución, para tener políticas de gestión del suelo que permitan tener viviendas dignas para todos, viviendas que construyan ciudad, y por ende ciudadanía.
Existen algunos pocos ejemplos de municipios, en nuestra provincia y en otras, que muestran cómo se puede tener políticas locales de gestión del suelo que permiten a las administraciones municipales hacerse de tierra bien localizada en áreas consolidadaes, evitando de esta manera la expansión descontrolada, con los consiguientes mayores costos y degradación de la estructura urbana. Es hora de aprender de esos ejemplos.-
El diputado Horacio Fabián Flores visitó días atrás la escuela N° 78 "Justo José de Urquiza", de la ciudad de Caseros, con el motivo de realizar un relevamiento de las instalaciones.
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